La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la Ley de Firma Electrónica y para el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) esta acción representa  un proceso de modernización para dotar de mayor seguridad jurídica los procesos de registros de las personas naturales, aseguró Linda de Morán, jefa de los Registros del Estado Familiar de la institución.

“A las instituciones de Gobierno y en especial al RNPN esta Ley una vez implementada nos coloca a la par de otros Registro de Latinoamérica que están a la vanguardia en materia de derecho de identidad, porque nos permitirá desarrollar trámites más ágiles en beneficio de la población”, señaló de Morán.

El RNPN participó durante el proceso de discusión de la Ley, en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, con el propósito de dar las opiniones técnicas en los articulados de la referida Ley. Este es el primer ejercicio que hace el parlamento con las instituciones involucradas con la temática.

La Ley cuenta con 72 Artículos y tiene como objeto equiparar la firma electrónica simple y la certificada, a los mensajes de datos y a toda información en formato electrónico que se encuentren suscritos con una firma electrónica  certificada, independientemente de su suporte material; regulando y fiscalizando lo relativo a los proveedores de servicios de certificación.

Entre algunos de los beneficios de la Ley están:
* Mayor seguridad e integridad de los documentos. El contenido del documento electrónico firmado no puede ser alterado, por lo que se garantiza la autenticación del mismo y la identidad del firmante.
* Se garantiza la confidencialidad, el contenido del mensaje solo será conocido por quienes estén autorizados a ello.
* Eliminación del papel, lo que implica una disminución del almacenamiento de datos (espacio físico) y reducción de gastos en los procedimientos de administración de archivos.
* Se evitan desplazamientos y traslados.
* Disminución del tiempo en la ejecución de procesos (se evitan colas y se reducen los procedimientos manuales).
* Aumento de la productividad y competitividad de la empresa.

La Ley fue aprobada con 76 votos de los diputados de todas las fracciones legislativas a iniciativa del gobierno de la República, el 1 de octubre de 2015. La normativa permitirá que la firma que se hace de forma manual tenga el mismo valor si esta es emitida vía medios electrónicos. Para lograr esto, los salvadoreños, que así lo deseen, deberán certificar su firma a través de las empresas especializadas en esto.

La ley establece que para lograr la certificación de la firma de los ciudadanos, el ministerio de Economía será el encargado de crear la Unidad de Firma Electrónica, ente que le dará el aval a las empresas para que brinden el servicio de certificación y  almacenamiento tecnológico. Estas empresas podrán ser públicas o privadas.

La ley tenía más de tres años de estar en estudio en la comisión de economía, por lo que los diputados destacaron que se lograr consenso en todos los partidos para darle vida al proyecto.

Los diputados aseguraron  que si bien es cierto ya se ha hecho uso de la firma que se emitía mediante aspectos tecnológicos, no existía el marco jurídico que regulara la firma electrónica por lo que se la posibilidad que se modificara información personal sin el consentimiento de los ciudadanos era latente.